¿Ciudades socialistas o ghettos comunistas?
¿Ciudades socialistas o ghettos comunistas?
El proyecto “Ciudades Socialistas” se perfila como un peligroso intento de cercar, desde todo punto de vista: económico, social, educativo, cultural, recreativo y ambiental a una población que debe ser reeducada. Ésta es una perversa y eficiente manera de erradicar el disentimiento
El presidente Hugo Chávez desde que inició su mandato ha manifestado la intención de formar nuevas ciudades, nuevos asentamientos poblacionales. Empezó por lo que se llamó el eje Orinoco-Apure, proyecto que al parecer fue abandonado en el camino.
Pero en el 2006 volvió por sus fueros y, enmarcada dentro de la Misión Vivienda, puso la primera piedra de la Ciudad Socialista Lossada, que comprende la construcción de 8.000 viviendas en terrenos que cedió la Universidad del Zulia (LUZ). La primera etapa de esta ‘Ciudad” acaba de ser inaugurada en julio de 2007, y consta de 704 viviendas de 70 metros cuadrados. Se piensa que estas ciudades no serán simples dormitorios, pues en el acto de inauguración el Presidente enfatizó que estas comunidades deben contar con “un proyecto productivo incluido”.
En el ínterin, el 18 de marzo de 2007, el Presidente anunció en Aló Presidente la construcción de dos nuevas ciudades socialistas: “Ciudad Mariches” y “Ciudad Camino de Los Indios”, y aclaró: “Las ciudades socialistas son ciudades ecológicas para la familia, para la gente, no para las máquinas para que todos seamos iguales, no para que unos vivan en una colina y los demás al borde de la quebrada”. “Aquí estamos trabajando con el concepto de ciudades socialistas, la Nueva Geometría del Poder (Quinto Motor de la Revolución). Éstas no son ciudades capitalistas”.
El día después, el lunes 19 de marzo de 2007, se publicó en la Gaceta Oficial el decreto presidencial 5.243 que crea la “Misión Villanueva” (MV). Esa misión que tiene como objetivo la reordenación del país, comprende una serie de planes urbanísticos que incluye la dotación de núcleos de la Universidad Bolivariana, Mercal, Barrio Adentro y Casa de las Misiones. La primera etapa de la Misión Villanueva comenzó en Caracas, en Ciudad Mariches, donde se construirían 1.200 viviendas, distribuidas en edificios de cuatro pisos, con la nueva visión socialista.
Más recientemente, el 27 de julio, otra vez en su programa dominical, el Presidente anunció la construcción de la Ciudad Socialista Belén, que se construirá en Guarenas, estado Miranda, y que ofrecerá a 5.000 familias igual número de viviendas.
Sin embargo, como casi todo lo que anuncia el señor Presidente, la idea de las ciudades socialistas no es nueva. Esta idea seguramente la tomó de la extinta Unión Soviética. Allí se pretendió crear ciudades autosostenibles sustentadas en las posibles ventajas productivas que éstas tuvieran, donde, mediante un intrincado sistema de regulaciones pretendían que fueran todas iguales en su desarrollo y crecimiento. Este experimento no tuvo ningún éxito y más bien creó evidentes desigualdades entre diferentes núcleos urbanos. Por su parte, el derrumbe final del experimento soviético es por todos conocido.
La necesidad de asegurar el poder
El Estado en uso de su jerarquía superior tiende a ejercer presión para moldear la relación entre lo local y lo nacional en el ámbito geográfico y esto sucede tanto en sistemas capitalistas como en sistemas socialistas. La regulación de estos espacios le interesa en cuanto (1) influye en la estructura social y económica; y (2) permite delimitar cuotas de poder, ejercer control social y controlar la producción.
En el caso venezolano, es claro que el Gobierno Central persigue incrementar su esfera de poder y para ello necesita cerciorarse que nadie sea capaz de dominar y aprovechar de manera independiente y con beneficios económicos, amplios sectores territoriales.
Por lo tanto, ya ha empezado a disponer la ubicación geográfica de los asentamientos poblacionales así como su tamaño y, con la excusa de hacerlos auto sustentables, les impondrá una producción.
Incluso el Gobierno pretende ir más allá, ha planteado que cada territorio tenga su propia moneda comunal, la cual será diferente de las monedas de otras comunas o ciudades socialistas. Con ello se asegura que para que sea posible el comercio entre comunas o ciudades socialistas, se requiera la intervención del poder central, que será quien determine el valor de esas monedas para las actividades comerciales entre comunas o ciudades.
Así se asegura el control de las eventuales ganancias, con lo que se refuerza la imposibilidad de lucro.
El Gobierno decide quiénes van a habitar esas comunas
En principio el Gobierno había decidido hacer grandes asentamientos para ubicar a damnificados. Luego decidió que estos proyectos sirvan para reubicar a barrios o sectores completos, que las autoridades determinen que fueron construidos o están en zonas de peligro para sus habitantes.
Uno de estos ejemplos es el Barrio Federico Quiróz, cuyos habitantes fueron escogidos para formar parte de la Ciudad Socialista Camino de Los Indios. El problema radica en que los pobladores de la zona, en su mayoría, manifestaron su desacuerdo con la misma, prefiriendo la reparación y reforzamiento del sistema de drenajes y aguas negras del barrio. Ellos aducen que eso es factible, es más económico y también solucionaría realmente sus problemas. Aseguran algunos vecinos que el Gobierno quiere apoderarse de los terrenos del barrio para ampliar las cooperativas que ya tiene instaladas allí y que a pesar del supuesto peligro -excusa para el desalojo del barrio-, parece que seguirán allí. Sin embargo, todo apunta a que la decisión está tomada, que las sugerencias de los pobladores no serán oídas, y terminarán en el Camino de los Indios, so riesgo de quedar en la calle.
Tomando como ejemplo este caso, podría inferirse que el Gobierno de manera unilateral y aduciendo alguna razón de interés colectivo o de seguridad nacional, podría en cualquier momento ordenar el desalojo de cualquier zona del país, cuyos habitantes serían alojados en estas ciudades socialistas, sin posibilidad de elección.
El Gobierno decide el régimen de propiedad
Hace ya tiempo, con la excusa de otorgar tierra a los campesinos desposeídos y de dar vivienda a los más necesitados, el Gobierno de Chávez emprendió una política de “expropiaciones” y “tomas preventivas” tanto en el campo como en la ciudad. Pero esta política no se ha revertido en el otorgamiento de derechos de propiedad a los nuevos “pisatarios”, o habitantes de esos terrenos agrícolas o inmuebles urbanos. El Estado se ha limitado a extender simples permisos de ocupación de inmuebles o de explotación de parcelas o terrenos. Con ello el único gran propietario es y seguirá siendo el Estado venezolano, con lo que a su vez el Gobierno se asegura la fidelidad de las personas que tenga sometida a ese régimen de tenencia de la propiedad. En este caso, probablemente los nuevos habitantes nunca verán el título de propiedad de sus viviendas.
El Gobierno les proporciona los centros médicos, educativos y culturales
Dentro de estas ciudades, también el Gobierno proporcionará y dispondrá los centros de atención médica, educativos, culturales y recreativos. Los servicios médicos los suplirá con centros de Barrio Adentro. Para lo que tiene que ver con la educación, instalará escuelas bolivarianas y módulos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y lo que toca a la recreación y la cultura seguramente proporcionaría también centros “bolivarianos” de la cultura, que se encargarán de reforzar los valores inculcados por los otros medios educativos de varios niveles. Valores que seguramente estarán enmarcados dentro de la “ética revolucionaria bolivariana”.
El Gobierno decide lo qué producen
Un aspecto, muy necesario en toda ciudad que se precie de “autosustentable”, es la correcta utilización de los recursos existentes y la producción de bienes y servicios. En relación con esto último, el Presidente ha expresado la necesidad de que las ciudades cuenten con “un proyecto productivo incluido”. Sin embargo, en esta materia también existen muy malos antecedentes en estos últimos ocho años.
Es harto conocido que la política agraria de este Gobierno, ha llegado al extremo legal de arrogarse el poder de decidir qué cultivos deberán hacerse en una determinada extensión agrícola, sea esta pública o privada.
De allí puede inferirse que el mencionado proyecto productivo comunal o de la ciudad socialista, tendría que contar con la aprobación, antes que nada, de los funcionarios encargados de la creación y supervisión de la comuna o “ciudad”. Esto generaría no pocos inconvenientes e ineficiencias, y peor aún injusticias y corruptelas.
Por otro lado, seguramente los habitantes del sector estarían forzados a trabajar en ese proyecto productivo, y no en el de su preferencia, que incluso podría estar ubicado en otra comuna. Este “proyecto productivo” sería de corte colectivo y cooperativista y el Estado, que seguramente financiará gran parte de él, en un principio, se encargaría además de regular la ganancia que este produzca. Y quizá ni moneda de curso legal reciban por esa producción. Es decir, los ciudadanos producirán y el Estado administrará el proceso productivo desde su inicio hasta el fin. Esto ya ha sido manifestado en algunas de sus intervenciones públicas, cuando el mandatario ha propuesto que los cooperativistas se olviden de los afanes de lucro y donen gran parte de su producción a otras comunidades ”más necesitadas”
El Gobierno emite la moneda
Y para completar el círculo, el Presidente también ha mencionado en reiteradas ocasiones el problema que para él supone que la gente quiera obtener ganancias y quiera acumular riquezas. Para evitar lo que considera “una aberración capitalista”, ha propuesto quitarle al dinero dos de sus funciones básicas como lo son: la de acumulación y de deposito de valor, y ha planteado la creación de monedas comunales.
Ya en varios de sus programas el Presidente ha adelantado las características más resaltantes de que piensa deben tener estas monedas. Por ejemplo, ha indicado que (1) tendrían una validez geográfica determinada, es decir, podrían tener valor sólo para la comuna o ciudad en la que fueron emitidas, (2) tendrán caducidad o se oxidarían (es decir, se vencerían) en una fecha determinada o lo harían poco a poco, valiendo menos a medida que transcurre el tiempo.
Con la primera de estas dos características, el mandatario se aseguraría de poder controlar el comercio entre ciudades, ya que el valor equivalente entre estas dos monedas deberá ser fijado y validado por alguien, que en este caso es la autoridad central. De ese modo la autoridad central se ocuparía de controlar las ganancias que genere la producción excedentaria de cada comuna o ciudad socialista y se aseguraría de que ninguna gane más poder que la otra, así sea más productiva. Con la segunda característica se garantiza que tampoco ninguna de las comunidades o grupos de ciudadanos pueda ahorrar y por ende acumular poder económico que le permita disentir del poder central.
De este sistema de moneda local, comunal o como quiera llamarla, ya el Gobierno ha adelantado varios experimentos en diversas zonas del país, las cuales demuestran que la intención es generalizar su práctica. Uno de ellos es “El Mirandino”, moneda emitida a finales de 2006 y que distribuyó principalmente en el estado Miranda entre los empleados públicos del Ministerio de Educación y que los obligaba a comprar los útiles escolares de sus hijos a determinadas cooperativas. También está “La Lionza”, una moneda comunitaria que no puede sustituirse por dinero, distribuida en el municipio Urachiche del estado Yaracuy, con la que cooperativistas y consumidores –que a la vez deben ser productores– obtienen bienes, servicios y hasta conocimientos de música u otra materia.
Lo que además se ha mezclado con intentos de volver a tiempos prehistóricos con la reintroducción del trueque.
El Estado dispone del hombre y sus ideas
En resumen, dada la abierta tendencia adoctrinante y controladora de todos los proyectos que ha emprendido el Gobierno de Hugo Chávez, no es de dudar que todas las instituciones y servicios que se proporcionen, a los habitantes de estas nuevas ciudades o comunas, tengan una fuerte carga ideologizante de la que será casi imposible escapar.
Además, dada la animadversión que demuestra tener el régimen por todo lo que huela a actividad privada, es poco probable -por no decir imposible- que estas ciudades puedan ser centros de convivencia y conocimiento plural. No debe caber la menor duda de que el Gobierno se asegurará de que éstas sean grandes centros de reeducación para aquellos ciudadanos que conocieron otro tipo de sistema económico y de educación -estrictamente apegada a los valores del comunismo -por algo han de llamarse comunas- para las nuevas generaciones que quizás nunca oirán hablar de otras alternativas de vida.
Pero ellas nacen con un peso en el ala: Estas comunas o ciudades socialistas sólo serán “sustentables”, mientras el Gobierno pueda seguir suministrando los bienes y servicios que la comunidad por sí misma sea incapaz de adquirir o producir, al estar sometida a semejante experimento económico y social. Más temprano que tarde hará su aparición la escasez de bienes básicos, con ello vendrá la inconformidad y la protesta que dará lugar a la represión. Es de esperar que tarde o temprano la presión del colectivo impondrá otro orden de cosas.
¿Pero cuánto tiempo, hambre y represión ha de pasar para que esto colapse? Como tantos otros de estos experimentos fracasados ¡nadie lo sabe!
Ana María Di Leo
Agosto 2007
Agosto 2007
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